México y Centroamérica han sufrido transformaciones dramáticas en las últimas tres décadas. Si bien esto ha llevado al progreso y a nuevas oportunidades en algunas áreas (incluidas las democracias nacientes, la sociedad civil organizada y los movimientos vibrantes de los pueblos indígenas), la desigualdad persiste.

Para que la región prospere, los gobiernos deben ser más responsables ante su gente, lo que significa más dispuestos y capaces de castigar a los perpetradores de violaciones de derechos humanos y a los beneficiarios de la corrupción de alto nivel. También significa asegurar que los recursos naturales se compartan y se administren de manera más equitativa, de modo que las comunidades rurales e indígenas carguen menos con los costos de extracción (financieros y de otro tipo), y obtengan más beneficios.

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