What inequality looks like

After decades of electoral democracy, the countries of Latin America are experiencing sustained economic growth, a robust civil society, and growing confidence in the power of participation. Yet Latin America continues to be the most unequal region in the world. Inequality destabilizes democracy, weakens economic growth, and undermines the social fabric, leading to discrimination and disparities in wealth that most dramatically affect indigenous peoples, Afrodescendants, women, youth, and rural populations.

For too long, indigenous peoples and Afrodescendants have been denied full political recognition, impeding their participation and making them vulnerable to violence. In countries such as Colombia, Chile, and Peru, policies favor the wealthy and place high tax burdens on the poor.

Challenging exclusion, furthering equity

We believe that empowering indigenous peoples and Afrodescendants is essential to breaking historical patterns of inequality, exclusion, and discrimination. Only when these communities gain true visibility and participate freely and fully in decisions that affect them, including decisions related to natural resources, can the forces that perpetuate inequality be disrupted.

Natural resources are an engine of growth, a source of biodiversity, and a cornerstone of the region’s cultural heritage. We believe that improved government regulations and socially inclusive and sustainable corporate practices—consistent with human rights, high environmental standards, and a substantive role for communities—can go far toward ensuring more equitable access to, control over, and use of natural resources.

We also believe that well-structured and fair fiscal policy can bring benefits to all people. Taxation and budgeting are important tools that governments can use to distribute resources in ways that build just societies. When fiscal policy is participatory, transparent, and perceived as legitimate, it can disrupt inequality and enable a wider base of the population to thrive.

El rostro de la desigualdad

Después de décadas de democracia electoral, los países de América Latina están experimentando un crecimiento económico sostenido, solidez en la sociedad civil y una creciente confianza en el poder de la participación. Sin embargo, América Latina continúa siendo la región con mayor desigualdad en el mundo. La desigualdad desestabiliza la democracia, debilita el crecimiento económico y socava el tejido social. Todo esto conduce a situaciones de discriminación y diferencias económicas que afectan de manera más dramática a los pueblos indígenas y afrodescendientes, a las mujeres, los jóvenes y las poblaciones rurales.

Por un período demasiado prolongado, se les ha negado el reconocimiento político pleno a los pueblos indígenas y afrodescendientes, impidiendo su participación y convirtiéndolos en sujetos vulnerables a la violencia. En países como Colombia, Chile y Perú, las políticas favorecen a los ricos y aumentan la carga impositiva sobre los pobres.

La lucha contra la exclusión y la promoción de la igualdad

Creemos que para romper con los patrones históricos de desigualdad, exclusión y discriminación, resulta esencial empoderar a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Solo cuando estas comunidades lleguen a ser verdaderamente visibles y participen de forma libre y plena en la toma de decisiones que los afectan—incluidas aquellas relacionadas con los recursos naturales—se podrá romper con las fuerzas que perpetúan la desigualdad.

Los recursos naturales son un motor del crecimiento, una fuente de biodiversidad y los cimientos de la herencia cultural de la región. Creemos que regulaciones gubernamentales mejoradas y prácticas corporativas sustentables y socialmente inclusivas—en consonancia con los derechos humanos, altos estándares ambientales y un rol sustantivo de las comunidades—pueden lograr grandes avances en lo que respecta a asegurar un acceso más igualitario a los recursos naturales, su uso y su control.

También consideramos que una política fiscal justa y bien estructurada puede otorgar beneficios para todos. La determinación de impuestos y del presupuesto son herramientas importantes que los gobiernos pueden usar para distribuir los recursos de formas que conduzcan a la construcción de sociedades justas. Cuando la política fiscal es participativa, transparente, y se percibe como legítima, puede romper con la desigualdad y permitir que un grupo mayor de la población prospere.

Grantmakers in Andean Region

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Director, Andean Region
Bogotá, Colombia
Program Associate, Andean Region
Bogotá, Colombia
Program Officer
Bogotá, Colombia