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El proceso de paz con las FARC en Colombia: del cese al fuego a la lucha contra la desigualdad

Con el anuncio de un acuerdo de cese al fuego definitivo la semana pasada, el gobierno colombiano y las guerrillas de las FARC dieron un paso importante hacia la paz. El propósito de este acuerdo parcial, firmado por ambas partes en La Habana, es servir como prólogo al acuerdo de paz definitivo que, una vez firmado, pondrá fin a 52 años de guerra y hostilidades.
Esto es un logro excepcional para Colombia y la región circundante. Abre mayores oportunidades para que los colombianos conviertan a su nación en un lugar más seguro, justo e igualitario para vivir. Y alienta a las organizaciones internacionales, incluida la Fundación Ford, a seguir apoyando estos esfuerzos.

Muy pocos colombianos tienen edad suficiente para recordar una vida sin espantosas masacres, desapariciones, secuestros, y desplazamiento forzado. El conflicto del país sobrevivió al fin de la Guerra Fría, las transiciones pacíficas en Centroamérica y el desmantelamiento de los últimos grupos guerrilleros en muchos otros lugares. A lo largo de ese tiempo, ha tenido consecuencias devastadoras para los ciudadanos, la economía y la sociedad. Se estima que más de 220.000 colombianos fueron asesinados durante la guerra y más de 6 millones fueron desplazados por la fuerza. Y el costo económico de la guerra es enorme.

Más allá de los impactos cuantificables, uno de los efectos más insidiosos del conflicto fue que ocultó los problemas sociales de Colombia. Esto se debe en parte a que, como resultado del conflicto, la política nacional se entrelazó con la violencia. Por ejemplo, las protestas sociales fueron rechazadas regularmente como “terrorismo”, y los líderes y activistas de los movimientos a menudo fueron asesinados, perseguidos o exiliados. Si bien la pobreza en Colombia se ha reducido a alrededor del 29 por ciento de la población, sigue siendo uno de los lugares más desiguales del mundo. Vastas zonas carecen de servicios básicos y no se benefician del crecimiento económico.

La importancia del acuerdo alcanzado en La Habana va más allá del alcance de los intereses de dos facciones enfrentadas. Afortunadamente, los negociadores parecen entender que se trata de una oportunidad para que las personas que han sido excluidas y marginalizadas cosechen los beneficios de la modernización. La agenda de las negociaciones incluye no solo asuntos bilaterales, sino también ambiciosas propuestas sobre desarrollo rural, políticas contra las drogas, participación política y justicia transicional.

A pesar de haber alcanzado este hito, la nación sigue dividida en torno a las negociaciones de paz. De hecho, el gobierno ha propuesto una votación para consultar a los colombianos si apoyan o rechazan el acuerdo final, que se espera se firme en La Habana en las próximas semanas. Liderada por el expresidente colombiano Álvaro Uribe y otros, una oposición bien organizada afirma que el proceso de paz significa “negociar con terroristas” y “capitular ante las guerrillas”. Paradójicamente, la derrota militar de las guerrillas, si bien no fue definitiva, creó la ilusión de que la victoria final contra ellas estaba a la vuelta de la esquina. En consecuencia, ahora existen ciertas dudas acerca de por qué el Estado tiene que negociar con una fuerza que supuestamente ya ha sido derrotada.

Las críticas al proceso del paz en Colombia también son reflejo de las desigualdades sociales del país. Mientras que las élites apenas sintieron los sacrificios de la guerra, el conflicto impulsó el desplazamiento significativo de numerosas personas menos afortunadas. Y las personas reclutadas para luchar tanto para el ejército como para las guerrillas provienen desproporcionadamente de comunidades pobres y excluidas.

No obstante, el impulso hacia la paz representa la mayor oportunidad para Colombia de dar la vuelta a una terrible página en su historia nacional. Es hora de que el país se atienda a las víctimas del conflicto, promueva la justicia social y se centre en el profundo malestar social que continúa perjudicando a los más vulnerables.

Desde 1961, la Fundación Ford en Colombia ha apoyado activamente a docenas de organizaciones, redes e individuos de la sociedad civil en diversas iniciativas locales, regionales y nacionales: desde innovación en la agricultura en la región del Valle del Cauca, a la protección de defensores de los derechos humanos en el Magdalena Medio, a la promoción de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas. Hemos seguido brindando este apoyo incluso en las circunstancias más extremas.

Hoy nos estamos preparando para abrir la nueva oficina regional de la Fundación Ford en Bogotá, cuyo traslado desde Santiago de Chile es una señal deliberada de la importancia de nuestro trabajo en Colombia. Y ahora celebramos la paz con quienes la hicieron posible: las organizaciones de víctimas, defensores de los derechos humanos, líderes sociales y comunidades resilientes. Estos son los héroes y los supervivientes de una terrible guerra que no debe volver a suceder jamás. Desde nuestra nueva oficina seguiremos activamente comprometidos con los colombianos que están apoyando los esfuerzos de paz, y trabajaremos con ellos para garantizar un futuro más justo, igualitario y pacífico.